El PSOE ha presentado su apoyo a un nuevo proyecto de Ley que permitiría la creación de grandes instalaciones de ocio, tales como casinos de juego, en la comunidad autónoma de Extremadura. Si el nuevo Decreto encuentra apoyo del Consejo de Estado, reduciría la planificación urbana y los plazos administrativos a la mitad, ya que los proyectos serían analizados rápidamente, como una cuestión de urgencia.
La nueva normativa se plantea como parte de un plan para atraer inversores con capital nacional o extranjero a tierras extremeñas, ya que el gobierno enfrenta un déficit en las finanzas estatales que alcanza los 300 millones de euros.
La propuesta crearía un marco legal que permitiría la construcción en Extremadura de grandes complejos que combinen establecimientos turísticos como hoteles, balnearios, instalaciones culturales, centros de conferencias, campos de golf y centros de recreación acuática junto con otras instalaciones diseñadas para el ocio de adultos, incluidos los casinos, salas de bingo y salones de tragaperras.
El presidente de Extremadura (PSOE), Guillermo Fernández Vara, anunció que el objetivo de las nuevas normas es habilitar y atraer el desarrollo de grandes parques temáticos y centros de ocio familiar en la región. Los nuevos centros estarían destinados a atraer visitantes del extranjero. En este sentido, parece que ya hay al menos una empresa extranjera interesada en desarrollar este tipo de instalación en la provincia de Badajoz.
Condiciones para la contrucción de nuevos casinos en Extremadura
Las nuevas reglas permitirían centros turísticos de gran magnitud, lo que requeriría una inversión considerable. Los requisitos mínimos para considerar estos proyectos deberían abarcar al menos 1.000 hectáreas y requerirían una inversión mínima de 1.000 millones de euros. El proyecto también necesitaría crear al menos 2.000 empleos directos. Igualmente se requerirá un depósito de garantía de 10 millones de euros.
Se impondrían condiciones favorables en aspectos relacionados con los impuestos sobre el juego. En el caso de que los nuevos centros incluyan casinos, el gobierno está considerando deducciones de hasta el 80% en impuestos de juego, pero esto dependerá de la cantidad total invertida en la construcción del complejo, así como de otras instalaciones en el sitio.
Los inversores también se beneficiarán de ventajas tanto legales como fiscales. Cuando se trata de casinos, estos estarán exentos de las normas locales que cubren el otorgamiento de licencias, que requieren procesos de licitación pública y limitan las autorizaciones a un casino por cada medio millón de habitantes.
En cuanto a los impuestos, se establecerá una tasa fija del 15% para los casinos en los nuevos centros turísticos. Este porcentaje se aplica actualmente cuando los ingresos del juego no superan los 2 MILL de euros al año y se va incrementando conforme los beneficios del casino son mayores. Sin embargo, como compensación por la inversión total, se realizará una deducción de hasta el 80% del impuesto.
Proceso de licitación de los casinos extremeños
De acuerdo con el cronograma, las empresas deben presentar el proyecto al gobierno, que incluiría datos sobre la empresa, junto con un plan urbano preliminar, un estudio ambiental preliminar y un estudio económico-financiero. Estos planes necesitarán delinear la creación de empleos, el cronograma de trabajo, junto con la infraestructura necesaria.
Una vez que se reciba la solicitud, el gobierno crearía una comisión administrativa especial que dentro de un período máximo de un mes examinaría el proyecto, luego de lo cual emitirá una evaluación técnica de la oferta. Dentro de ese período, los municipios afectados por el nuevo proyecto recibirán una audiencia de quince días antes de la comisión.
Si el proyecto incluye la creación de un casino, la autorización cubriría todos los juegos de apuestas contenidos en la legislación de azar ya existente en Extremadura. En total, el proceso duraría entre 5 y 6 meses.
Finalmente, el trabajo de construcción tendría que comenzar dentro de un período máximo de seis meses a partir de la publicación del plan de gestión. La ejecución de ese plan no puede exceder los cinco años. Una vez que se complete el trabajo, los desarrolladores tendrán seis meses para poner en uso al menos el 50% del sitio y un año antes de que esté completamente abierto al público.